Es un ciudadano ni ni ni. Ni está detenido, ni es ilegal, ni está acusado de nada. Sin embargo, Walid Ibrahim Mustafá Abu Hijazi, el palestino de 30 años que estuvo los últimos ocho preso en Guantánamo y que es el primero de los cinco reclusos que el Gobierno español ha aceptado acoger para colaborar a que Barack Obama pueda cerrar el penal de la base estadounidense en Cuba, se encuentra en paradero desconocido para su familia y para el abogado que ésta ha contratado, y no puede abandonar territorio español. No se conocen las condiciones del compromiso alcanzado con Estados Unidos, ni si Abu Hijazi podrá retornar algún día a su patria.
Decía Madeleine Albright, secretaria de Estado norteamericana con el presidente Bill Clinton, que "los derechos humanos son la base de nuestra existencia" y "la responsabilidad de protegerlos está por encima de la soberanía". Luego, George W. Bush alcanzó la presidencia y, tras los ataques contra las Torres Gemelas, puso en práctica esos principios con algún matiz más o menos insignificante, como la excusa de las falsas armas de destrucción masiva para declarar la guerra a Irak, los abusos en la prisión de Abu Ghraib, los vuelos y cárceles secretas de la CIA, y el limbo jurídico de Guantánamo. Son vulneraciones del derecho internacional de las que la comunidad de naciones no se ha repuesto. Ahora, Obama, con los acuerdos con países de la Unión Europea para excarcelar a los presos y cerrar este penal, está en la buena dirección para recuperar el prestigio perdido por Estados Unidos.
Ningún comentario:
Publicar un comentario