El fiscal de la Audiencia Nacional remite de nuevo al Gobierno 300 casos de secuestro de niños
Vivieron durante décadas con la pena de que se les hubiera muerto un hijo horas o días después de haberlo dado a luz. Recordaron cada uno de sus cumpleaños e intentaron no olvidar el tamaño, el peso, el tacto de aquel bebé con el que habían pasado tan poco tiempo. Pero desde hace unos años a esa pena decenas de madres en toda España empezaron a añadir una duda, es decir, una angustia: ¿mi hijo se murió o me lo robaron?
La duda surgió en una familia y otra, con un caso muy similar, empezó a sospechar, y así hasta casi 300 -"¿a ti también te dijeron que había muerto de otitis y que estaba enterrado...?"-. Tres familias pusieron esta semana sobre la mesa del fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, muchos de estos casos. Algunos ya habían estado antes en la del juez Garzón, que estimó que el franquismo había robado cerca de 30.000 niños y quiso empezar a buscarlos porque "durante más de 60 años no había sido objeto de la más mínima investigación". Y fue apartado del caso y del tribunal.
El régimen franquista puso en marcha el robo sistemático de niños como método de "regeneración de la raza" amparado por las disparatadas teorías del psiquiatra y comandante Antonio Vallejo Nájera y de la Iglesia, que pretendía purificar a los hijos de rojos descarriados. Franco permitió que se robaran niños a las madres presas, se repatriaran sin permiso de sus padres y desde 1941, por ley, que se les cambiara de apellidos, impidiendo para siempre que su familia los encontrara. Con el tiempo, y hasta los años ochenta, aquellos niños que el Régimen rescataba de padres republicanos para entregárselos a familias de derechas, simplemente, se vendieron, según denuncian las familias afectadas.
"Estuvimos cerca de dos horas con el fiscal. Nos enfadamos, lloramos...", relata Mar Soriano, hermana de una niña que asegura que fue robada. Zaragoza les comunicó que el delito que supuestamente habían sufrido, el secuestro de menores, no se encuentra en el catálogo de los que corresponde juzgar a la Audiencia. El jefe de la fiscalía, que ya se opuso a que Garzón investigara el caso en su instrucción sobre el franquismo, les dijo también que consideraba que los crímenes habían prescrito y que, además, sería difícil acreditarlos ya que algunos se basan en simples sospechas. Eso sí, prometió exponer su caso al Ministerio de Justicia e instó a las víctimas a que solicitaran la apertura de una oficina de atención. También sugirió como idea la creación de una base de datos con su ADN para que pudiera cotejarse, aunque advirtió de la dificultad de obligar a los posibles afectados a facilitarlo.
"Nació el 3 de enero de 1964. Mi madre le dio el pecho hasta que le dijeron que tenían que llevarla a la incubadora. Cuando mis padres fueron a buscarla les dijeron que había muerto de otitis. Mi padre dijo que quería verla y enterrarla, y le contestaron que se habían ocupado de todo y estaba en una fosa común. Fue en la clínica O'Donnell de Madrid", relata Soriano.
"A mi madre también le dijeron que mi hermano había muerto de otitis. Y también fue en la clínica O'Donnell. Se lo llevaron a la incubadora y a los seis días le comunicaron su muerte. A mis padres les dijeron que era mejor que no lo vieran, porque había quedado en muy mal estado. Al insistir, afirmaron que lo habían enterrado ya", cuenta Nuria Massó, hermana de Miguel Ángel, que nació en 1965. "Cuando yo tuve un hijo enfermó de otitis y mi madre y yo nos asustamos muchísimo porque le pasara como a mi hermano. El pediatra me dijo que era imposible que un bebé se muriera de otitis. Luego conocí la historia de Mar [Soriano] y empecé a sospechar...". Alfonso Delgado, ex presidente de la Asociación Española de Pediatría, asegura: "Una otitis por sí sola no causa la muerte. Tendría que complicarse con algo más".
"Yo creo que el móvil era económico", prosigue Nuria. "Era un método muy perfeccionado, en el que había directores de hospitales, médicos, matronas..., y amparado por el franquismo. Creo que las familias que se podían permitir comprar un hijo, lo compraron".
"Nuestro caso es de 1945. Mi madre, Agustina, repartía leche en una maternidad de la calle de Serrano de Madrid. Era una mujer de izquierdas. Mi padre y mi madre tenían a muchos represaliados en la familia. Ella estaba embarazada y la presionaron tanto para que fuera a dar a luz allí que al final accedió. Le dijeron que había nacido muerto, pero mi madre siempre dijo que lo había sentido. Poco antes se había muerto de tuberculosis otra hermana mía y mi madre estaba deshecha. Si no, hubiera reaccionado de otra manera", cuenta Blanca Guerrero.
Agustina esperó mucho. Murió con 101 años en 2009. El suyo es uno de los casos que el abogado Fernando Magán llevó repetidamente a la Audiencia Nacional para que le tomaran declaración y muestras de ADN antes de que falleciera. Muchas madres han muerto con esa duda: ¿mi hijo se murió o me lo robaron? Como Marina Álvarez, que antes de morir se hizo cinco pruebas de ADN -que pagó de su bolsillo- con cinco mujeres que vivían en Francia, Bélgica, La Rioja, Murcia y Zamora que pensó que podían ser su hermana; o Emilia Girón, madre de un niño al que iba a poner Jesús y que le quitaron en un hospital de Salamanca. Falleció en 2007, con 96 años. Julia Manzanal, de 95, guarda en una caja un mechón de pelo de su hija, que le dijeron que había muerto estando ella presa en Amorebieta.
Blanca Guerrero también ha guardado un mechón de su madre fallecida. "Para sacar el ADN, por si aparece mi hermano. Creo que si le viera hoy le reconocería. Mi hermana y yo hablamos mucho de él, de Miguel Ángel, que es el nombre que le puso mi madre".
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