"Hemos ganado al Gobierno mexicano, pero es triste"

M. ANTONIA SÁNCHEZ-VALLEJO
EL PAÍS - Última - 10-05-2010

La cita es un día frío y plomizo, en un restaurante decorado en blanco y negro, pero la conversación con Alba Cruz y Karla Michel Salas enseguida caldea el ambiente. Ambas rompen el hielo con una invitación al viaje, y al gusto: "Si vas a México no dejes de visitar Oaxaca, ni de probar el chocolate de agua con pan de yema. Es bien sabroso", se relamen las abogadas. La recomendación será la única nota amable de la charla.

Cruz (39 años) y Salas (29) se zambullen en ella sin reparar en la carta. Los camareros esperan a apuntar la comanda entre denuncias de violaciones de derechos humanos; sentencias -alguna histórica, como la que condena al Estado mexicano por los feminicidios de Ciudad Juárez-, y, como telón de fondo, los riesgos que corren en ese país los defensores de los derechos humanos.

Acaban de hablar de ello en la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, y ante la mesa no dejan de hacerlo a borbotones, como si en ello les fuera la vida, que les va, porque Salas trabaja en Ciudad Juárez, tristemente famosa por el exterminio de mujeres, y Cruz en Oaxaca, donde también "proliferan los desmanes", desde "el caso Oaxaca, violación en masa de garantías individuales por parte del gobernador de ese Estado, en 2006", explica Cruz, al ataque de un grupo armado a una caravana humanitaria, el pasado 27 de abril, días después de la entrevista.

El peligro que corren ha hecho a la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictar medidas cautelares para protegerlas. "No más que un celular con un saldo de unos pocos euros que enseguida se acaba", explica Cruz, impotente. Las encargadas de la tutela son las autoridades mexicanas.

Pese a la exquisitez del menú, la comida es secundaria; Salas come como un pajarito y Cruz, con empeño. "Muchas violaciones de derechos humanos que denunciamos son cometidas por agentes del Estado, la mayor parte de las veces con total impunidad", dicen al alimón. "Los derechos se exigen ejerciéndolos", añade Cruz, y me pregunto, entre la carrillera de untuosa salsa de yuca y las tiernas habitas baby de las cocochas, si la frase no podría pronunciarse al revés. "La gente, al ejercer su ciudadanía, fortalece la democracia", responde, apuntando con el deseo a México. "Tenemos un país corrupto, pero no nos podemos quedar en la denuncia", sentencia Salas.

Sale a relucir el caso Campo Algodonero, por el que la Corte ha condenado a México a indemnizar a las familias de las víctimas de los feminicidios de Ciudad Juárez. "Nos satisface haber ganado una sentencia contra nuestro Gobierno, pero nos da mucha pena", cuenta Salas; "es una sensación ambivalente, de satisfacción, pero también de enorme tristeza al constatar la realidad, es decir, un sistema corrupto", añade.

"El Gobierno sigue diciendo que los feminicidios no son un problema porque la violencia está institucionalizada desde las estructuras del poder. Pero México es un Estado constituido, no es Haití ni el Sáhara... Falta voluntad política, pero ya existe una cierta conciencia ciudadana". Ni siquiera el postre, compartido, puede endulzar lo amargo de la charla.