Reciben amenazas por exigir que se castigue el asesinato de sus hijos a manos del ejército
ISABEL COELLO ENVIADA ESPECIAL 30/05/2010 08:30
"Soy una madre sedienta de justicia. Me lo mataron, pero la muerte de mi hijo no va a quedar impune". Blanca Nubia Monroy, de 51 años, es madre de ocho hijos. Uno de ellos, Julián Oviedo Monroy, de 19 años, salió el 2 de marzo de 2008 de su casa, en el municipio de Soacha, en la periferia de Bogotá, para encontrarse con alguien que iba a ofrecerle un trabajo. "Me dijo que le guardara cena. Nunca más supimos de él".
Después de seis meses de angustia, la familia se enteró de que un cadáver hallado en una fosa común en Ocaña en el lejano departamento de Norte de Santander, a 19 horas en autobús de Soacha coincidía con la descripción de Julián. Era él. Ahí estaba el tatuaje con forma de balanza en su brazo. Y la estrella tatuada en la mano. El padre de Julián fue hasta Ocaña a recoger el cadáver. Según la ficha de las autoridades, había muerto el 3 de marzo en un combate con las fuerzas armadas.
¿Sabía que su hijo era un guerrillero?, le espetó un oficial al padre del asesinado. Salió de casa el día 2 y murió el 3. Dígame, ¿en qué momento en ese tiempo cree usted que se convirtió en un guerrillero? le respondió. El ejército va a pagar por esto.
Pero, dos años después, el ejército no ha pagado por sus crímenes. La represalia se resume en tres generales y otros 24 militares destituidos no juzgados por el llamado escándalo de los falsos positivos: ejecuciones extrajudiciales de civiles llevadas a cabo por las fuerzas armadas y presentadas como muertes de guerrilleros en combate.
"Una vez muertos, los militares montan un escenario para crear una muerte legal'", añade
"Los civiles son atraídos con promesas de falso trabajo por alguien pagado que les recluta. Una vez muertos, los militares montan un escenario para aparentar una muerte legal. Ello puede incluir poner armas en manos de las víctimas, dispararlas, ponerles uniformes guerrilleros y botas de combate", afirma el último informe del relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, Philip Alston, publicado el pasado marzo. Los peritajes, sin embargo, indicaban que las víctimas nunca dispararon armas de fuego.
En Soacha era fácil atraer jóvenes. Situada al suroeste de Bogotá, se ha convertido en el municipio no capital de departamento más grande del país, con una población de 400.000 habitantes. Junto a industrias y tiendas de pinturas, repuestos y mármoles viven las capas sociales más excluidas, que han sido paulatinamente expulsadas hacia la periferia. Soacha también recibe mucha población desplazada por el conflicto armado. La tasa de paro es del 22%, la más alta del país y el doble de la media nacional.
El caso de Julián y el de otros 15 jóvenes de Soacha asesinados en circunstancias similares destapó lo que Alston ha llamado "la punta del iceberg". Cerca de 3.800 ejecuciones extrajudiciales han sido perpetradas en Colombia entre 2002 y 2009, los años del Gobierno del presidente Álvaro Uribe, por cuya sucesión votan hoy los colombianos.
Más ejecuciones extrajudiciales
Según la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia, en los primeros cinco años de Uribe, las ejecuciones extrajudiciales atribuibles al ejército se incrementaron un 67% con respecto a los cinco años anteriores.
Las madres de Soacha piden justicia y reciben a cambio amenazas y ataques. Carmenza Gómez, de 54 años, ha perdido a dos de sus ocho hijos. Uno de ellos, Víctor Fernando Gómez, es uno de los falsos positivos de Soacha. El otro, John Nilson Gómez, fue asesinado por intentar esclarecer la muerte de su hermano.
"Los civiles son atraídos con promesas de falso trabajo", dice el relator especial de la ONU
"El día que enterramos a Víctor, mi hijo John dijo que tenía que saber qué estaba pasando. Se puso a investigar. Al mes y medio me lo tiraron por un puente de 20 metros", dice entre sollozos Carmenza. "Le hicieron cirugía en la columna. Sobrevivió de milagro. Mientras se recuperaba, las llamadas de amenazas seguían. Le decían que no metiera las narices donde no debía. El 4 de febrero de 2009, entró en una tienda y dos tipos le dispararon con un silenciador".
"Han tratado de callarnos de todas las formas. Pedimos protección", dice Luz Marina Porras Bernal, de 40 años, madre del falso positivo Fair Leonardo Porras Bernal. "Tenía 26 años pero 9 neurológicos, porque cuando estaba embarazada me golpeó un coche y él nació prematuro y tuvo meningitis. Nunca aprendió a leer y escribir o manejar el dinero, pero ayudaba en la construcción, cargaba cemento, era querido en la comunidad", cuenta Luz Marina, que buscó durante meses a su hijo por hospitales, cárceles y hasta levantando las mantas de los indigentes para ver si alguno de ellos era él.
La indiferencia y desprecio que ha encontrado por parte de las autoridades ha sido constante. Cuando acudió a denunciar su desaparición, la Policía le dijo que lo dejara, que estaría "divirtiéndose con alguna novia". Y cuando fue hallado y fueron a recoger su cadáver a Ocaña, se topó con el mismo desprecio que vivió el padre de Julián Oviedo. "¿No sabía que su hijo era guerrillero? Portaba un arma en la mano derecha", le dijeron. "Ya me extraña, porque tenía una discapacidad mental. Y porque era zurdo", les escupió.
"Pensamos que enterrándolo tendríamos paz. Pero no. El señor presidente de Colombia [Uribe] tuvo que salir a decir que nuestros hijos no se habían ido de casa con el propósito de trabajar y recoger café'. Les degradó y nos degradó como madres", lamenta.
Hay 400 militares investigados por presuntos falsos positivos
Blanca Nubia coincide con ella. "Llevamos una pelea muy fuerte con el Estado, y no vamos a parar, porque no sólo han matado a nuestros hijos. Han ensuciado sus nombres y queremos justicia para demostrar que no eran ningunos delincuentes", afirma.
La justicia, sin embargo, es demasiado lenta. Hay 400 militares investigados por presuntos falsos positivos. El pasado enero, 31 soldados fueron liberados por los tribunales por "vencimiento de términos", es decir, porque se había pasado el plazo para la celebración de un juicio oral y la ley establece en ese caso la liberación inmediata de los detenidos. "Lo mismo podría ocurrir con otros detenidos, quedando los crímenes en la más absoluta impunidad", ha advertido Amnistía Internacional.
Kelly Joana Ruiz, de 25 años y madre de dos hijos, es una de las afortunadas que ha visto cómo comenzaba el juicio por la ejecución de su esposo, Daniel Andrés Pesca, taxista bogotano de 27 años. En los ocho días que pasó en Cimitarra, a 215 kilómetros de Bogotá, hasta que le permitieron llevarse el cadáver de su marido para enterrarlo, la gente del pueblo le contó muchas cosas. "Me decían que el ejército necesitaba mostrar resultados y que al comandante al mando en la zona lo habían ascendido y a los soldados les habían dado permisos por matar guerrilleros".
Pago de recompensas
El decreto 1400 de 2006 y la directiva ministerial 029 de 2005, emitida por el ex ministro de Defensa colombiano, Camino Ospina, estableció criterios para pagar recompensas por la captura o abatimiento en combate de miembros de grupos guerrilleros al margen de la ley. Grupos de la sociedad civil como la Fundación Educación y Desarrollo creen que ambas normas favorecieron los falsos positivos. "El ejército ha creado una mentalidad donde la guerra se gana con las bajas del enemigo, y esto conduce a que se infle el número de bajas", señala la fundación.
El caso de Pesca es de los pocos que está siendo juzgado. En el banquillo, cinco soldados, un comandante, un sargento y un capitán. "Uribe nos recibió, nos dijo que nos iba a ayudar, a darnos un subsidio", cuenta su viuda. "Hasta el momento no he recibido nada, ni ayuda psicológica ni económica. Lo único que hemos recibido de ellos es indiferencia".
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