A los dos lados se extiende un terreno baldío interminable y mítico, el desierto de Sonora, que, como el Sáhara, cada año se traga a cientos de seres humanos, inmigrantes dispuestos a arriesgar la vida para cruzar. Sin embargo, menos el paisaje que es idéntico, la valla lo cambia todo: a un lado está México, al otro Estados Unidos, a un lado están los que tratan de cruzar, al otro todos los sistemas de vigilancia posibles que, aún así, resultan insuficientes. "Aquí hay actividad 24 horas al día, siete días a la semana", explica el sargento Mathews, uno de los alguaciles del sheriff del Condado de Santa Cruz, en un sector de la frontera bastante alejado de la población más cercana.
La valla no es uniforme (no puede serlo en los 3.000 kilómetros de frontera que separan México y EE UU): en algunos momentos es un obstáculo real, de varios metros de altura, pero en otros es una alambrada que se puede cruzar de un salto. Un polvoriento camino se extiende a lo largo de toda la frontera y es recorrido constantemente por los miembros de la Border Patrol, la patrulla fronteriza, y por los agentes del sheriff que se dedican sobre todo a tratar de parar los tráficos ilegales que campan a sus anchas por este territorio. Por todas partes hay instaladas torres de observación, sensores de movimiento, focos...
Estrada, nacido en México aunque vino con dos años a EE UU, es el único sheriff de origen hispano del Estado y, junto al sheriff de Tucson, el único que se ha mostrado abiertamente en contra de la ley SB 1070, que comenzará a aplicarse el 29 de julio y que permitirá a las fuerzas del orden parar y pedir la documentación a cualquier persona que pueda ser sospechosa de estar ilegalmente en el país. La ley, promovida por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ha sido calificada de racista y ha provocado una enorme movilización en la comunidad hispana, sin precedentes desde el movimiento chicano de César Chávez de los años 60.
En Nogales la frontera lo impregna todo. Es visible desde todas partes: una serie de colinas separan el Nogales estadounidense -unas pocas calles llenas de tiendas desperdigadas en la nada- del Nogales mexicano, una ciudad de verdad, que cuenta con 200.000 habitantes. La valla, porque allí es una valla real, es como una cicatriz gigante. En el lado mexicano, las casas crecen prácticamente apoyadas en ella. La frontera también está presente por los constantes cruces -los mexicanos del otro lado pueden cruzar con un permiso especial que les permite desplazarse sin visado hasta Tucson, unos 80 kilómetros al norte- pero sobre todo porque los agentes de la Border Patrol, en bicicleta o al volante de sus imponentes cuatro por cuatro, están por todas partes. Incluso han instalado un control, en el que detienen a todos los coches, en la carretera que une Nogales y Tucson.
Todas las ciudades de frontera se parecen (como todos los alrededores de las estaciones de ferrocarril), hay algo en el aire que las une, en el tipo de comercios, en el ambiente. Sin embargo, Nogales, del lado estadounidense por lo menos, resulta especialmente dura, y mucho más desde que flota en el aire la SB 1070, aprobada a finales de abril y que, aunque no comience a aplicarse hasta el 29 de julio, ya ha lanzado un velo de temor y reducido mucho el movimiento.
Y luego están las deportaciones. Basta con un pasar un rato hablando con unos y con otros junto al principal cruce fronterizo para que los parroquianos avisen rápidamente de que dos autobuses que acaban de llegar al puesto de control son especiales. En ellos transportan a los emigrantes sin papeles que han sido capturados y que son llevados hasta la frontera (casi todos aceptan la deportación porque el plan B es quedarse en un centro de detención de EE UU a la espera de que se resuelvan sus recursos). En cuestión de minutos, se les entregan sus escasas pertenencias y, con cara de circunstancias, son enviados al otro lado. Pero todos tienen claro, ellos, los agentes de la Border Patrol, todos, que volverán a intentarlo.
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