La polémica ley SB1070 convierte Arizona en el primer estado de EEUU que criminaliza a los indocumentados
ISABEL PIQUER Enviada especial en Arizona 12/06/2010
Jair Danilo no se puso nervioso. Cuando los guardias de la patrulla fronteriza lo pillaron en la calle principal de Nogales, ni siquiera intentó huir. Dejó que los agentes lo cercaran. Fue mala suerte. Estaba a tan sólo unos metros de México. Volvía a casa después de perder el trabajo de lavaplatos en un restaurante.
"Voy y vuelvo, esta es la quinta vez", dice resignado mientras se desata los cordones de los zapatos y entrega sus efectos personales a los guardias que lo trasladarán a Tucson, donde, tras unos meses de papeleos, volverá a ser deportado.
Danilo es uno de los 600 inmigrantes sin papeles que a diario apresa la patrulla en esta parte de Arizona, una de las más activas de la frontera con México. Por aquí pasó la mitad de la marihuana que se incautó el año pasado en los más de 3.000 kilómetros de desierto que separan los dos países. Se calcula que en Arizona viven unos 500.000 indocumentados, en una población total de seis millones de habitantes.
A partir del 29 de julio, Danilo no sólo podrá ser apresado por los guardias fronterizos. La policía y los agentes del sheriff también tendrán autoridad para meterlo en la cárcel gracias a la polémica ley SB1070, que la gobernadora republicana Jan Brewer firmó a finales de abril. Esta norma convirtió Arizona en el primer estado que criminaliza la presencia de indocumentados y otorga funciones migratorias a las autoridades locales, cuando hasta ahora sólo habían sido competencia del Gobierno federal.
Durante un tiempo se pensó que la ley no llegaría a aplicarse. El mismo día de su aprobación, Barack Obama pidió al Departamento de Justicia que "examinara las implicaciones legales". La medida también fue denunciada ante los tribunales por una agrupación de organizaciones proderechos civiles y asociaciones latinas. Pero ahora, con el consentimiento silencioso de Washington, que ha bajado el tono de sus críticas, todo parece indicar que entrará en vigor. Y Arizona no está preparada para la que se avecina.
"Es un lío reconoce el vicealcalde de Phoenix, Michael Nowkowski. En la ciudad tenemos 2.000 policías. Si empiezan a pedir papeles a la gente, violan las leyes federales; pero si no lo hacen, cualquier individuo puede denunciarlos por no actuar contra los inmigrantes ilegales".
Todo el ayuntamiento está en contra de la gobernadora, a la que acusan de ocultar la tremenda crisis del estado con una maniobra política que ha convertido a Arizona en una caricatura. "La gente viene aquí para comprobar lo locos que estamos", asegura el vicealcalde.
"Podemos encontrarnos con situaciones totalmente absurdas", explica Nowakowki (padre polaco, madre mexicana), que también ejerce de vicedirector de la Fundación César Chávez, el histórico líder sindicalista latino. "Si al salir de la escuela recojo a una compañera de mi hija y resulta ser ilegal, pueden acusarme de tráfico de personas. Si usted no lleva consigo su pasaporte con su visado, pueden meterla en la cárcel hasta que alguien le mande sus papeles".
No sólo los políticos están divididos, también las fuerzas del orden. "Los que realmente tratan el problema de la inmigración todos los días están en contra de la ley", dice Nowakowsky, al referirse a los sheriffs de Nogales y Tucson que han criticado abiertamente la SB1070.
Los efectos de la iniciativa van más allá del problema migratorio. Han dividido profundamente a la comunidad. "Se aplique o no, el racismo latente ya no se va a poder ocultar ni olvidar", dice Alfredo Gutiérrez, un ex senador local que anima al boicot económico contra Arizona.
Achaca el "miedo y el odio" al creciente poder de la comunidad latina en el estado. De pronto, una ciudad como Mesa, que solía ser blanca y mormona, ha visto surgir taquerías y negocios con los rótulos en español. En Arizona, el 30% de la población es hispana. La convivencia se ha roto y los sondeos muestran un claro respaldo a la iniciativa de la gobernadora.
"Nos ven como una amenaza cultural dice Gutiérrez, por eso los conservadores del Tea Party son tan populares con su eslogan Queremos que nos devuelvan nuestro país' [We want our country back], pero ¿que lo devuelvan a quién?"
Listos para luchar
El ex senador explica que la medida, al discriminar por igual a los latinos establecidos en Arizona desde hace generaciones (los "latinos de fin de semana" que ya casi no hablan español) y a los inmigrantes más recientes, ha unido a una comunidad que nunca se consideró como tal. "Desde los años 70 siempre existió esa división, ahora nos han puesto a todos en el mismo barco".
Ha sido el efecto inesperado de la ley. "Con la 1070 les ha salido el tiro por la culata celebra Nowakowski. Por primera vez, los mexicanos, los dominicanos y los otros hispanos han juntado sus esfuerzos y eso no había pasado nunca. Estamos listos para luchar".
Luchar sin el respaldo de Wa-shington. "Lyndon Johnson defendió los derechos civiles. Eisenhower mandó a las tropas del 101 Airborne a Little Rock para proteger a nueve estudiantes negros (1957). Demostraron tener fuerza moral. Obama ha sido una gran decepción para la comunidad. No tiene valor. Se guía por los sondeos. Sólo actuará si ve que sin el voto latino puede perder las legislativas de noviembre".
Nowakowsky es algo más optimista. El vicealcalde piensa que hay una estrategia tras el silencio de Washington y que Obama espera el momento apropiado para perjudicar políticamente a la gobernadora. "No hace falta que se oponga a la ley, le basta con dar instrucciones a los servicios de inmigración los únicos con autoridad para deportar a los ilegales para que no se hagan cargo de ninguno de los nuevos detenidos y así bloquear totalmente el sistema" y dejar a Brewer en ridículo.
En Tucson, Sarah Launius, también está decepcionada por el Gobierno. Su organización No More Deaths (No más muertes) ayuda a gente como Jair Danilo, a los sin papeles, a no morir en el desierto.
"Nos sentimos abandonados por Washington señala Launius, Obama ha resultado ser mucho peor que Bush en este tema". Acusa a la antigua gobernadora del estado, la demócrata Janet Napolitano, ahora secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, de iniciar un "proceso paulatino de exclusión de los inmigrantes ilegales", sobre todo los que llevaban muchos años viviendo en el estado y que se habían establecido en la comunidad a través de las rendijas del sistema.
Launius afirma que la futura ley ya ha empezado a tener efecto. "Sea por la crisis o por el miedo a verse deportados, algunos ilegales han empezado a volver a México".
Pedro Luis González lo confirma. Tiene un negocio de camionetas en South Tucson, la parte latina de la ciudad, que transporta obreros a Nogales, muchos de ellos con papeles "chuecos" (falsos). "Nuestro negocio ha bajado un 60% dice Pedro Luis. No entiendo a los políticos, si expulsan a los ilegales, ¿Quién va a hacer el trabajo que nadie más quiere hacer? ¿Quién va a fregar los platos, regar los campos de golf, cultivar el campo, trabajar en las factorías por la mitad de precio? Es de lo que ha vivido la economía de Arizona durante mucho tiempo".
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