Proxeneta, especie protegida

Las víctimas de trata tienen las de perder cuando, pese a las amenazas, denuncian

Colectivos de ayuda a las prostitutas critican la “connivencia” institucional

SILVIA R. PONTEVEDRA Santiago de Compostela 6 MAY 2012 - 02:43 CET

Las que denuncian ¿qué alternativa tienen? ¿Ir a un centro de acogida a cambio de una hipotética protección? Conozco víctimas de trata que se arriesgaron a denunciar y desaparecieron. No volví a saber de sus vidas. La gente no ve el trastorno psicológico que llevan con ellas. Intentan dejar la prostitución, patean de puerta en puerta dejando el currículum, y al año vuelven a caer porque solo las quieren en los clubes. Se van a otras zonas, cambian de nombre y siguen ejerciendo”. Carmen Lago, presidenta de Faraxa, la asociación abolicionista de Vigo que sustituyó a Alecrín en el apoyo a las prostitutas, atiende el móvil primero desde Urgencias, que está allí con una chica, y luego desde la sede de su colectivo con el oído atento al portero automático porque la policía ha quedado de llevarle a varias inmigrantes que cayeron de madrugada en el Witiza de Mos. “Conmigo, ellas se sienten más cómodas. A la poli no le cuentan nada. Se callan porque los propios dueños de los clubes las tienen aleccionadas de que los agentes son sus amigos”.

Los proxenetas son una especie protegida. La Rede Galega contra a Trata, que agrupa a colectivos como Cáritas o Médicos del Mundo, pero también investigadores de la materia como la socióloga de la Universidade de Vigo Silvia Pérez Freire, prepara estos días un escrito que denuncia de la connivencia “judicial, policial, gubernamental”, y por supuesto también social, que existe con estas tramas. Las noticias sobre prostitución no interesan, casi nadie las lee. Ni siquiera las aberraciones humanas y los escándalos beneméritos del caso Carioca. Es como si se asumiese que estas mujeres pertenecen a un submundo invisible, con el que no hay que cruzarse.

El 19 de abril se conoció el último fallo judicial para desaliento de las que pensaban dar un paso adelante y salir del agujero. Una colombiana de nombre supuesto Cristina había denunciado a algunos de los más conocidos empresarios del alterne en Galicia por amenazas, retención ilegal y otras prácticas esclavistas como la absorción total del dinero que generaban sus pases. El proceso comenzó en 2001, pero el juicio tuvo que suspenderse sucesivas veces y no concluyó hasta el pasado 20 de marzo porque la testigo oficialmente protegida desapareció y no volvió a dar señales hasta ahora. La “dilación indebida” llevó al fiscal, Augusto Santaló, a reducir la pena demandada de 10 a cuatro años, y al final en la decisión del tribunal, en la Audiencia de Pontevedra, pesaron como el plomo el tiempo transcurrido y las contradicciones en los testimonios de la acusación y de otras mujeres traídas para la ocasión.

 “¿Por qué tiene que ser la declaración de la víctima lo más importante para la sentencia?”, pregunta Pérez Freire. “Si la policía hiciese bien las diligencias y aportase pruebas documentales (que las hay en todos los clubes, basta con ver los libros de actividad), habría más condenas. Pero resulta que ellas, para la justicia, no son testigos de total credibilidad, terminan teniendo lagunas porque los procesos son muy largos. En todo ese tiempo reciben muchas presiones y muchas de las contradicciones son derivadas del miedo”, defiende esta investigadora del fenómeno de la prostitución. “Eso de testigo protegida es un paripé. Ellas están amenazadas y no sienten ninguna protección”.

“Muchísimos policías siguen pensando que ellas vienen a esto porque quieren, no tienen en cuenta la situación paupérrima de sus familias. Deberían ir a cursos de sensibilización”, dice la socióloga. “Para los fiscales estos juicios son una patata caliente. No los quieren”, continúa. El día de la última sesión en Pontevedra, en los pasillos, todo el mundo vaticinaba la absolución. Según personas próximas a la investigación Carioca, la juez que instruye el mayor sumario sobre prostitución que recuerda Galicia seguía atenta el proceso. Temía que, en el último momento, Cristina se desdijese, pero mantuvo sus acusaciones.

Para evitar un resultado semejante cuando algún día acabe la instrucción y pase el caso a otro juzgado de Lugo, la magistrada Pilar de Lara ata y ata cabos desde 2009. “Está sola, cada vez más”, porque en su investigación de la red mafiosa “toca resortes cada vez más importantes”, cargos más altos de las diferentes instituciones y cuerpos de seguridad salpicados, asegura Pérez Freire.

El principal imputado de la Carioca, el proxeneta José Manuel García Adán, dueño del Queen's, también se sentaba en el banquillo de la sala segunda de la Audiencia de Pontevedra y, como los demás, salió indemne de esta, igual que de una anterior denuncia. En Lugo, en cambio, “le ha caído medio Código Penal encima en imputaciones”, describen abogados relacionados con el caso. Pero Cristina también se había atrevido a denunciar a otros reyes de la noche como Manuel Manteiga Rodríguez, alias El Increíble (liberado por el Supremo de una condena de 34 años) y sus socios (ambos en paradero desconocido desde 2004 a causa de la misma sentencia) Manuel Ulloa Manteiga, El Melenas, y José Isolino Rico Chorén, El Pelao.

La lista de acusados (y absueltos) del juicio de Pontevedra se completaba con otro histórico, Manuel Antonio Ferreiro López, El Gato; su empleado en el Keops de Ourense Carlos Varela Sánchez; y la mujer que, según Cristina, captaba a las mujeres y las trasladaba de club en club, a través de la maraña de empresarios del sexo ajeno, Ana Milena Gómez Reyes.

Durante el juicio, el sistema de videoconferencia y el biombo (tan torpemente instalado) fueron la prueba empírica de lo absurdos que son los mecanismos de protección que se ofrecen a estas víctimas. Una testigo pidió el biombo en la sala, pero fuera de ella fue llamada a voz en grito por la asistente del juez y se sentó a esperar que terminase el juicio anterior en el mismo vestíbulo que los acusados.

Todos sabían quién se escondía tras el seudónimo de Cristina. El fiscal Santaló también lo reconoce: “Si una mujer dice que trabajó con unos señores, esos señores van a saber quién es. Esto es la Administración de Justicia y se pone un biombo... A lo mejor habría que revisar la Ley de Protección de Testigos”.

El temor a las represalias está por encima de cualquier garantía de papel. “La gran mayoría de las veces, las víctimas no denuncian, los delitos no llegan al juzgado, ¡tienen un miedo tan grande!”, lamenta Lago. “Tengo un caso entre manos que sé que va a quedar en nada. Declarar, para ella, es un suplicio. Volver al club para explicarse con la policía va a ser horrible. En general, pasa el tiempo y pierden las ganas de luchar”.

Aquí no tienen a nadie. Son ellas, su deuda (dependiendo el país de procedencia puede variar entre 6.000 y 55.000 euros; y hasta se ven obligadas a entregar la casa de sus padres en depósito) y las amenazas. Contra ellas mismas y contra sus familias en otro extremo del mapamundi. Son jovencísimas, pero muchas ya han parido varios hijos. Deuda aparte, en Galicia hay empresarios que multan a las mujeres por faltar un día al trabajo. Una ausencia, 100 euros. Tres días de menstruación, 300 euros. Para no perderlos, se introducen una esponja y siguen. “Yo ya he tenido que ir a Urgencias con algunas que se olvidaron de quitarla. Al mes siguiente se acordaron porque no les bajaba la regla. Tenían una infección de caballo”, relata Lago.

Cristina, en el juicio, insistió en que no la dejaban salir de los clubes. El informe policial dijo que el pestillo se accionaba libremente desde dentro. “No es cuestión de cerrojos”, defiende Lago, “el miedo es la puerta cerrada a cal y canto”. “Si elaboras un clima de coacción y terror no tienes que tener a una mujer cerrada en una habitación”, coincide la fiscal de Extranjería de Pontevedra, Susana García-Baquero. En cuanto vencieron el pánico y fueron en procesión al juzgado a contar lo que habían vivido, las testigos de la Carioca empezaron a recibir terroríficas advertencias a través del móvil o mediante emisarios.

“Cuando hay una redada, ellas son las víctimas y las delincuentes”, los proxenetas, que se presentan como hosteleros, señalan a sus huéspedes y se lavan las manos. Son ellas las que pasan hasta 72 horas en el calabozo. Y el letrado que les mandan los clubes, solo por visitarlas en comisaría, “les cobra 300 euros” que luego, en el papeleo subsiguiente “se convierten en 2.000”. Lago asegura que “hay un mogollón que viven de esto” y está preparando una “lista negra” de abogados.