Con una decisión histórica y con siete votos a favor y dos en contra, el Supremo Tribunal Federal de Brasilha rechazadouna petición de laOrden Nacional de Abogados para que pueda ser revisada la ley de amnistia aprobada despues de la dictadura militar (1964-1985) y de esa forma poder castigar algunos crímenes que no deberían ser considerados políticos como la tortura, la desaparición de personas y el estupro. El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva estaba dividido. Por ejemplo, el ministro de Derechos Humanos Paulo Vannuchi y el ex ministro de Justicia, Tarso Genro, ambos de la izquierda del Partido de los Trabajadores (PT) estaban a favor de revisar la ley de amnistía, mientras que el ministro de Defensa, Nelson Jobim estaba encontra.
La discusión de los miembros del Supremo fue pública y retransmitida por televisión. El Presidente, Cezar Peluso resumió en la motivación de su voto a favor de mantener la ley de amnistía el parecer de la mayoría de los magistrados con estas palabras: "Brasil hizo una opción a favor de la concordia nacional y debe ser respetada". Según Peluso, además, la revisión de nada serviría en la práctica, ya que todos los crímenes ya han prescrito.
El magistrado Celso de Melo alegó que la ley fue el resultado de un amplio debate nacional para hacer posible la transición entre el régimen militar y el régimen democrático actual. La mayoría de los que defendieron que no se revise la ley insistieron en que fue una ley de consenso entre ambas partes que aseguró una transición pacífica a la democracia. "La amnistía fue un acto de amor, fundado en la convivencia pacífica de los ciudadanos", argumentó el magistrado Marco Aurelio Mello.
Una tarea del Congreso
Los dos únicos que votaron a favor de revisar la ley, Ayres Britto y Ricardo Lewandowski, insisitieron en que la ley no podía incluir crímenes que no son políticos, como la tortura, ya que "el torturador no es un ideólogo". Britto resaltó que la mayoría de los torturadores no fueron militares y que la revisión de la ley sería incluso "una forma de purificar a las fuerzas armadas". Los defensores de la revisión de la ley ya han anunciado que podrán recurrir a los tribunales internacionalescontra la sentencia del Supremo, aunque éste, en realidad, no ha hecho más que rechazar la petición de la Orden de Abogados. Algunos magistrados han recordado que el Supremo no podría revisar la ley, algo que sólo el Congreso podría replantearse, como sostuvo, por ejemplo el magistrado Eros Grau, relator del proceso y que a pesar de haber sido él mismo una de las víctimas de la dictadura de los militares, se manifestó en contra de la revisión de la ley.
Incluso los que están contra la revisión de la ley para evitar inútiles revanchismo en un país ya pacificado y consolidado en su democracia, están de acuerdo en que se abran todos los archivos de la dictadura para que se pueda saber, por ejemplo, donde fueron enterradas muchas de las víctimas dadas aún hoy por desaparecidas.
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