La Corte Suprema de Justicia Argentina ha declarado inconstitucionales los indultos que el Gobierno de Carlos Menem concedió al dictador Videla y a su ministro de Economía José Martínez de Hoz, por considerar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Este fallo no modifica la situación de Videla, condenado a cadena perpetua en 1985 por crímenes de lesa humanidad, pero sí podría provocar la detención en las próximas horas de José Martínez de Hoz . Ambos volverán a ser juzgados por su participación en el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y que dio paso a la dictadura, por el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim y la desparición del funcionario del Ministerio de Economía Juan Carlos Casariego de Bel.
El ex presidente argentino Carlos Menem firmó en 1989 y 1990 dos tandas de indultos que beneficiaron a a más de 1000 personas, entre ellas represores, guerrilleros, imputados por delitos comunes, participantes de distintos levantamientos y los militares responsables de Malvinas .
El fallo dictado ahora por el alto tribunal argentino confirma decisiones judiciales anteriores y pertenece a la causa que investiga el secuestro de los Gutheim, propietarios de una empresa algodonera que estuvieron presos cinco meses entre 1976 y 1977 como medida de presión para que aceptaran un contrato de exportación beneficioso para el gobierno de facto. Durante su cautiverio, los Gutheim pasaron por dos cárceles de la capital argentina e incluso mantuvieron reuniones con funcionarios que intentaron presionarlos para concretar el negocio que pretendía la dictadura. Tras su liberación, los empresarios demandaron al Estado y en septiembre de 1990 fueron indemnizados con unos 16.000 dólares.
No será el único proceso que afrontará el dictador en los próximos meses. Videla y el dictador Reynaldo Bignone serán juzgados desde el próximo 20 de septiembre por la apropiación de 33 bebés durante el último gobierno de facto (1976-1983), en el marco de una causa conocida como "Plan sistemático de robo de bebés". La causa fue instruida por el juez federal Norberto Oyaribe, quien el año pasado ordenó que Videla, el primero de los cuatro presidentes de la dictadura, cumpliera prisión preventiva en el penal de Campo de Mayo, a las afueras de Buenos Aires, en vez de hacerlo en su domicilio. Bignone, el último presidente del régimen militar, fue condenado la semana pasada a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad cometidos en los denominados "años de plomo", que causaron unos 30.000 desaparecidos.
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