Marco Levin está citado a una indagatoria por secuestros
y torturas a sindicalistas
ALEJANDRO
REBOSSIO Buenos Aires 23 ENE 2012 - 23:34 CET
Se le acusa de ir en los coches de su empresa junto con policías para
secuestrar a sindicalistas que trabajaban para él y llevarlos a una comisaría,
donde eran torturados hasta que confesaban que habían cometido una supuesta
estafa y así después él podía despedirlos. Se llama Marco Levin y es el primer
empresario argentino citado a declaración indagatoria por delitos de lesa
humanidad cometidos en la última dictadura de su país (1976-1983).
Según muchos políticos y analistas, aquel fue un régimen cívico-militar en
el que, si bien las fuerzas armadas dirigían el país, numerosos civiles
participaron en la represión. Además de militares y policías también ha sido
condenado un sacerdote por los crímenes de la dictadura y están procesados
algunos civiles que fueron ministros, altos funcionarios y jueces. Ahora ha
llegado el turno de los empresarios.
Fue habitual en la dictadura que desaparecieran los integrantes de los
comités de empresas y empleados sospechosos de activismo político, dentro del
peronismo o la izquierda, o en las guerrillas. Ha habido obreros desaparecidos
en Mercedes-Benz, Ford, la azucarera argentina Ledesma y la siderúrgica Acindar
(que ahora pertenece a ArcelorMittal), pero hasta ahora no ha habido
empresarios imputados por esos casos. En cambio, Levin, dueño de una de las
compañías de autocares más importantes de Argentina, La Veloz del Norte, deberá
responder ante un juez de la provincia norteña de Salta por presuntos
secuestros y torturas. Comparecerá el 7 de febrero ante el magistrado Julio
Bavio, según publicó hoy Página/12.
EL PAÍS intentó obtener la versión de Levin, pero fuentes de su empresa
afirmaron que se encontraba de viaje.
El juez quiere indagar al empresario por el secuestro y tortura de 12
empleados de La Veloz del Norte, la mayoría chóferes y alguna azafata. Todos
ellos estuvieron en una comisaría de Salta, que funcionó como centro
clandestino de detención de la dictadura. Las víctimas denunciaron que policías
a bordo de coches de la empresa los secuestraron por la calle o en las oficinas
de la empresa. Algunas veces estaba el propio Levin dentro del automóvil.
Después los llevaban a la comisaría, donde los torturaban para pedirles los
nombres de los integrantes del sindicato de chóferes. También los vejaban para
que confesaran que supuestamente habían estafado a la firma donde trabajaban.
Una vez que firmaban ese reconocimiento, solían toparse con su patrón en el
destacamento policial, según sus denuncias. Se supone que así Levin conseguía
la autorización legal para despedir sin indemnización a los sindicalistas, que
en teoría estaban protegidos por la ley.
Víctor Cobos era uno de los chóferes de La Veloz del Norte y dirigía el
sindicato en Salta. Ha denunciado que una vez fue retenido en la carretera por
un coche en el que estaban el subcomisario Víctor Bocos y Levin. Al día
siguiente, Bocos lo esperaba en la sede de la compañía y allí lo secuestró. En
la comisaría lo encapucharon, lo esposaron y lo encerraron en una habitación.
Dos personas lo golpearon, lo desnudaron, lo acostaron en una camilla, lo
ataron y lo torturaron con descargas eléctricas. Después del regreso de la
democracia, en 1983, Bocos asesoró al entonces gobernador de Salta y actual
senador, Juan Carlos Romero.
El fiscal de la causa había acusado solo a Bocos y a
otros policías por los secuestros y las torturas. Sin embargo, el juez aceptó
la petición de un abogado de las víctimas de que también se citara a declarar a
Levin y al entonces juez Jorge Trincavelli, ante quien los empleados se
declaraban culpables de la supuesta estafa. Trincavelli era hasta hace poco
fiscal general de Salta.
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