El procesamiento penal al dictador Ríos Montt abre la puerta a la
reparación de las víctimas del genocidio maya
PATRICIA CAMPELO MADRID 05/02/2012
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| Masacre de Panzós, 1978 |
Las
poblaciones indígenas de la parte occidental de Guatemala eran el "enemigo
interno" que había que aniquilar. La comisión oficial que investigó el
conflicto bélico que dejó 200.000 muertos y más de 45.000 desaparecidos
confirmó el "racismo" como el eje principal de las masacres cometidas
contra el pueblo maya entre 1960 y 1996.
Tres años
después de sellada la paz, la premio Nobel Rigoberta Menchú interpuso ante la
Audiencia Nacional española una querella contra algunos de los responsables de
aquellos crímenes. El juez Baltasar Garzón solicitó en 2004 que se tomara
declaración a los militares incluidos en la querella de Menchú. Uno de ellos
era el exgeneral Efraín Ríos Montt, jefe de Estado de facto entre 1982 y 1983
y, hasta el pasado 14 de enero, diputado en el Congreso de Guatemala. La semana
pasada, y tras perder la inmunidad parlamentaria, tuvo que testificar ante la
jueza guatemalteca Carol Patricia Flores acusado de delitos de genocidio y
crímenes contra la humanidad.
"Es
significativo esta imputación por el rango [de jefe de Estado] que tenía Montt
en el momento en que sucedieron los hechos denunciados", sostiene Ana
Gabriela Contreras un día antes de recoger, en nombre de la Fiscalía de
Guatemala, uno de los premios que la Fundación Abogados de Atocha entregó la
semana pasada en Madrid.
Contreras
considera que la sociedad civil ha jugado un papel "muy importante"
en este caso "manteniendo viva la presión en la calle" y logrando no
perder la perspectiva del discurso de las víctimas.
La
catedrática de Ciencias Políticas Esther del Campo también otorga gran
importancia al rol de las asociaciones en el proceso que ha llevado a Ríos
Montt al banquillo. "No podemos esperar que la llegada al poder de Otto
Pérez, un experto en lucha contrainsurgencia, haya sido el factor detonante del
proceso de enjuiciamiento a los militares", opina en relación a la
victoria electoral del Partido Patriota, el pasado noviembre. "La
determinación de los colectivos de víctimas, como la Asociación de Familiares
de Detenidos y Desaparecidos, ha tenido un papel protagonista", subraya
Del Campo.
En España,
las asociaciones que siguen de cerca el caso de los crímenes contra la
humanidad y genocidio en Guatemala observan estos días las particularidades del
proceso judicial. Así, la fundación Madrid Paz y Solidaridad pone el énfasis en
la asunción de algunas responsabilidades por parte de la defensa de Ríos Montt.
"Su abogado admite que el Ejército cometió masacres, pero que Montt, jefe
de Estado y ministro de Defensa aquellos años, no es el responsable porque no
tenía conocimiento de ello, y sugiere depurar las responsabilidades entre sus
inferiores", apunta Sofía Duyos, de Madrid Paz y Solidaridad.
Plan de
'Operaciones Sofía'
En el
transcurso de la cita judicial del pasado jueves por la que Ríos Montt quedó
ligado al proceso penal y bajo arresto domiciliario su defensa insistió en el
desconocimiento de los planes militares que prueban la organización y
planificación de las masacres contra el pueblo maya. "Sin negar la
autenticidad de esos documentos, la defensa alegó que en el propio Plan de
Operaciones Sofía las patrullas incluían las masacres, pero [Montt] no supo
nunca nada porque la cadena de mando se paralizaba antes de llegar a él",
apunta Duyos, encargada del proyecto de derechos humanos que tiene la fundación
en Guatemala.
El juicio a
Ríos Montt, así como las condenas de cuatro militares en agosto de 2011, abren
una perspectiva de creciente "democratización" en el país
centroamericano. Así lo identifica Esther del Campo, que subraya algunos de los
problemas que debe encarar ahora el país, como la "pobreza, la desigualdad
y la violencia. La dificultad de resarcir a las víctimas y sentar las bases de
una democracia plena está directamente relacionada con la dificultad de
establecer un Estado de derecho", explica Del Campo.
La propia
debilidad estatal pone de manifiesto "lo incompleto del proceso de
transición a la democracia en Guatemala", aclara Del Campo. Un proceso en
el que víctimas como Julia Cortez Tecú, hija y hermana de desaparecidos,
comienzan a ver la luz. Cortez es la presidenta de la asociación Justicia y
Reconciliación. "Tras la masacre del 15 de septiembre de 1980, los
campesinos de mi región tuvimos que refugiarnos en las montañas. Los soldados
nos acusaron de ser la guerrilla, pero vivíamos allí sólo para defender
nuestras vidas", testimonió Cortez el año pasado en una entrevista con
este diario.
Precisamente,
los planes del Ejército evidenciaron que los objetivos de los militares no eran
sólo los integrantes de la guerrilla, sino toda la población campesina por ser
susceptible de prestar auxilio a los guerrilleros. "La mente de la
población es el principal objetivo", explicitaba el plan militar Victoria
82.
A
Ríos Montt se le atribuye la responsabilidad de la matanza de 1.770 personas.
De ser declarado culpable, puede ser condenado a una pena de hasta 50 años de
cárcel.
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