Los acuerdos de 1979 consagran la presencia de la Iglesia católica en todas
las áreas de influencia sobre la sociedad
JESÚS BASTANTE MADRID 19/02/2012
El 3 de
enero de 1979, pocos días después de la promulgación de la Constitución, España
y el Vaticano firmaban los Acuerdos Iglesia-Estado, una prolongación del
Concordato franquista de 1953 que supuso la confirmación de los privilegios de
la institución eclesiástica en la España de la Transición.
Aunque su
firma es posterior a la de la Carta Magna, nadie duda que su entramado fue
anterior al restablecimiento de la democracia. De hecho, los acuerdos de 1979
tuvieron su preámbulo en agosto de 1976, cuando el rey renunciaba al
"privilegio de presentación" de obispos al jefe de Estado.
Un año
después, en 1980 se firmaba la Ley de Libertad Religiosa, que por primera vez
desde la República reconocía los derechos de otras confesiones, pero que
perpetuaba la situación de preeminencia de la Iglesia católica frente a otras
creencias o instituciones de carácter social, pedagógico o cultural.
No existe
ninguna red que reciba tantos fondos públicos como la Iglesia católica y que
además tenga el poder de influencia para modificar leyes como las del aborto,
educación o las relaciones conyugales. Esta fue una de las razones por las que
el nuevo secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, instó a la
denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado. Algo que no entra "ni mucho
menos" en los planes del Gobierno de Rajoy ni de la Conferencia Episcopal,
según apuntaron a Público fuentes de Génova y de Añastro.
El
Concordato continúa blindando, 33 años después, los privilegios de la Iglesia
en un Estado oficialmente laico. El texto se resume en cuatro acuerdos que
incluyen sobe el papel la "autofinanciación" de la Iglesia que no ha
llegado a cumplirse. Además, sella la presencia de Religión en los colegios con
profesores pagados con los impuestos, pero contratados por los obispos.
Fiscalidad
Una Iglesia
exenta de impuestos y que no rinde cuentas a nadie
Diez mil
millones de euros al año. Esta es la cantidad que la Iglesia recibe de las
administraciones públicas en distintos conceptos, "y que pagamos todos los
contribuyentes, seamos católicos o no", denuncia el presidente de Europa
Laica, Francisco Delgado.
Uno de los
aspectos más polémicos es el de la financiación vía IRPF, mediante la cual la
Iglesia se lleva más de 250 millones al año. La última modificación se firmó en
2007, cuando la Conferencia Episcopal aceptó pagar el IVA a cambio de un
incremento en el porcentaje que recibe vía IRPF, pasando del 0,52% al 0,7%.
Los obispos
renunciaron a la exención del IVA, pero no al IBI u otros impuestos
relacionados con la construcción o venta de objetos litúrgicos. La Iglesia
también se comprometió a publicar sus cuentas, algo que, hasta la fecha, no se
ha dado.
En las
últimas semanas, se ha sabido que la Iglesia católica no pagará los recortes
del nuevo Gobierno. Las duras medidas económicas emprendidas por el Ejecutivo
no afectarán a la exención del impuesto de bienes e inmuebles (IBI).
España no
seguirá la senda abierta por Italia el pasado jueves cuando el Gobierno de
Mario Monti anunció que la Iglesia italiana tributará por sus bienes. Sólo
quedan exentos los edificios que sólo alberguen actividades de culto. El
Partido Radical, principal impulsor de la modificación legal, calcula que el
Estado ingresará 2.500 millones con esta medida.
Nada se va a
mover en los próximos meses pues, en el caso de la Iglesia, habría que reformar
unos Acuerdos que tienen rango internacional. De momento, los gestores
eclesiásticos no tienen por qué preocuparse. Al menos, en lo que toca a esta
partida. Tampoco en lo tocante a las colectas y donativos, que la Iglesia puede
hacer cuando y como quiera, sin rendir cuentas.
Enseñanza
Según los
Acuerdos de 1979, la religión católica es una asignatura de carácter
obligatorio, cuyo currículo es total y absolutamente confesional y en la que el
Estado no tiene nada que decir. Sólo pagar. Porque son los obispos quienes
eligen a los profesores idóneos "para cada curso escolar" y quienes
tienen la potestad para renovarles o no el contrato, sin necesidad de dar razón
alguna. Durante muchos años, el profesorado de Religión supuso un sobresueldo
para curas, monjas y laicos "ortodoxos" que administraba el obispo de
cada lugar.
En los
últimos años, sin embargo, centenares de sentencias han puesto contra las
cuerdas el actual sistema de contratación y despidos de profesores de Religión,
echados literalmente por casarse con un divorciado (como Resurrección Galera) o
por defender el celibato opcional, como José Antonio Fernández, que ha llevado
el caso a Estrasburgo. "Si estamos en un país libre, tengo derecho a
opinar y a no ser castigado por ello", observa el afectado.
Galera acaba
de ganar todos los recursos judiciales y debería ser indemnizada con el sueldo
de 11 años y la readmisión en su puesto. "Quiero volver a dar clases
ya", asegura. Aun así, no sucederá porque quien tendrá que pagar los
platos rotos es la Administración educativa, que no puede obligar al obispo de
Almería a que recoloque a la docente.
Los Acuerdos
también permiten la creación de centros católicos privados y concertados, en la
actualidad los 5.347 colegios con ideario propio que imparten clase a casi 1,5
millones de alumnos y reciben más de 3.500 millones de euros anuales. Pese a
ello, a los obispos no les han dolido prendas para salir a la calle contra la
reforma de la LOE o Educación para la Ciudadanía, que finalmente será suprimida
-tras una gran presión eclesiástica- por el Gobierno del PP.
Asuntos
jurídicos
Según los
Acuerdos, el Estado reconoce a la Iglesia el derecho a ejercer su misión
libremente, y en público, especialmente en lo relativo al culto, la
jurisdicción y el magisterio. En la práctica, esto ha provocado la toma de las
calles por las instituciones eclesiásticas en distintos órdenes, desde las
procesiones de Semana Santa (con presencia de cargos públicos y los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado incluidas) a las famosas misas en Colón, o
concentraciones como la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid del pasado mes
de agosto.
También se
consagró el domingo como festividad inamovible, y se dio -y se da- plena
libertad a la Iglesia católica para promulgar sus propias leyes. Durante años,
esto ha supuesto que ningún obispo -el único fue el arzobispo de Granada, hace
un par de años- haya podido pasar por el banquillo, pese a varias denuncias, o
que para juzgar a un sacerdote hubiera que remover Roma con Santiago. Tras los
escándalos de la pederastia, esto ha ido cambiando un poco, pero lo cierto es
que el Concordato continúa consagrando la "inviolabilidad" de los
lugares de culto, que no pueden ser expropiados.
Dentro de
los Acuerdos, también se consagra el privilegio de la Iglesia a nivel de
patrimonio. Especialmente injustificables son los casos de las catedrales
(incluidas dentro de Patrimonio Nacional, pero cuya gestión corresponde a cada
diócesis) o el pago del 1% del PIB Cultural para el arreglo de parroquias,
conventos y demás centros, así como permutas de terreno inimaginables con otra
confesión religiosa.
La última
polémica conocida ha sido la del minivaticano que se construirá en Las
Vistillas, pese a la rotunda oposición de los vecinos y el impacto
medioambiental que producirá en una de las vistas históricas del Madrid de los
Austrias.
Fuerzas
armadas
Centenares
de sacerdotes realizan la "asistencia religioso-pastoral" a los
miembros católicos del Ejército, en virtud del Acuerdo sobre las Fuerzas
Armadas, que también consagra la existencia del Arzobispado castrense, la única
diócesis sin territorio de España. Aunque desde la última reforma, los
sacerdotes que se dedican a este servicio ya no forman parte del cuerpo
militar, sí es la Administración la que les paga el sueldo. No existe una
situación similar para evangélicos, judíos o musulmanes, aunque en los últimos
años -y coincidiendo con un aumento de la presencia de inmigrantes en el
Ejército- sí que se ha abierto la mano para la asistencia religiosa de otras
confesiones, especialmente en misiones internacionales.
Lo que no
cambia es la presencia castrense en funerales o actos de honor. Desde la Salve
a la celebración de "funerales de Estado" confesionalmente católicos,
es el arzobispo castrense quien preside todos los actos de honor a los
militares caídos en actos de servicio, a los que acuden las principales
autoridades militares y políticas, desde los reyes o los príncipes de Asturias,
al ministro de Defensa.
Lo
mismo ocurre en el caso de los capellanes de prisiones, hospitales y toda
suerte de centros públicos, que cuentan con capillas exclusivamente católicas.
En algunos casos, son los propios sacerdotes los que piden que estas se
reconozcan como centros multiconfesionales, pero lo cierto es que no existe
otra norma que regule la presencia de religiosos en estos ámbitos públicos y
que tenga un rango superior a la del Concordato. Que, no olvidemos, se trata de
un Acuerdo Internacional, y por lo tanto, no puede ser desbancado por una Ley
Orgánica.
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