Un historiador de Vigo defiende en el Supremo que Franco
ejecutó un plan de exterminio
ZORAIDA RIAL
Santiago de Compostela 13 FEB 2012 - 16:10 CET
“Por fin se pudo verbalizar en un
contexto judicial lo que significaron para la sociedad los crímenes del
franquismo”. Esta frase resume el sentimiento de Ángel Rodríguez Gallardo, el
historiador y presidente de la Asociación Memoria Histórica do 36 de
Ponteareas, tras declarar ante el Tribunal Supremo en la causa abierta contra
el juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes de la dictadura.
Gallardo fue uno de los tres primeros testigos encargados de dar voz
a los damnificados de la represión junto con otros familiares de víctimas que
en su momento fueron a reclamar justicia ante la Audiencia Nacional esperando
que se abriera una investigación judicial que nunca llegó. “Por desgracia, esta
es la sociedad que tenemos y para la mayoría no es un tema prioritario”,
lamenta el historiador, al tiempo que celebra que la causa contra Garzón haya
servido para que por primera vez se escuchen los testimonios de las víctimas en
sede judicial. “Es preferible que estos testimonios salgan a la luz en este
contexto a que no salgan”, señala.
El camino que llevó a Rodríguez Gallardo a comparecer ante el alto tribunal
comienza cuando sus investigaciones en el área de Ponteareas determinaron que a
partir del año 1936 se había ejecutado “un plan sistemático de exterminio para
eliminar a los que habían defendido la Segunda República”. “Se trataba de
detener, torturar o asesinar a muchos de los responsables del que era el
Gobierno legítimo”, sostiene. Aunque es dificil establecer cifras concretas
sobre el número exacto, la asociación llegó a registrar hasta 76 desaparecidos
en esta comarca entre los años 1936 y 1939.
De esta forma, en el año 2006, la suya y otras agrupaciones para la defensa
de la memoria histórica denunciaron estos casos ante la Audiencia Nacional
aportando un listado con un mapa de fosas y una relaciónde desaparecidos que
habían recopilado a partir de sus investigaciones y testimonios de los
familiares. No obstante, la causa quedó estancada en los juzgados territoriales
de Porriño y Pontevedra tras la inhibición del juez Garzón.
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Entre los casos que llevaron a la Audiencia Nacional se encuentra el de
Concepción García Trigo, una viguesa de 83 años que vivió en carne propia los
horrores del franquismo y a la que una enfermedad le impidió relatar en primera
persona sus vivencias ante el Supremo. En su lugar, Rodríguez Gallardo fue el
encargado de llevar al alto tribunal su testimonio. “Concepción era hija de uno
de tantos militantes socialistas que nunca imaginaron la persecución que
sufrirían tras el golpe del 36”, apunta el historiador.
Alertado por los primeros asesinatos de compañeros, el padre de Concepción
huyó a Portugal; pero finalmente fue detenido por la policía portuguesa que
posteriormente lo llevó a Ponteareas. “Planeaban hacer un escarnio público y
asesinarlo en la plaza del pueblo. Como la gente estaba preparando los puestos
de la feria, decidieron trasladarlo en un camión hasta las afueras de la ciudad
mientras lo torturaban. Al llegar, lo mataron”, reveló Ángel Rodríguez. La
familia acudió a la zona, donde Concepción encontró el cuerpo de su padre tras
haber sido torturado sin el reloj que llevaba habitualmente, una pieza que
había pasado de generación en generación en su familia. “Días despues, su hija
se encontró con el falangista que había matado a su padre luciendo ese reloj
como si llevara un trofeo”, relata el historiador.
En el caso del padre de Concepción García Trigo se pudo recuperar el cuerpo,
no así en el de otros muchos desaparecidos de los que todavía se desconoce su
paradero. En este sentido, el presidente de la Asociación Memoria Histórica do
36 de Ponteareas denuncia los obstáculos que todavía existen para investigar
este tipo de casos. “Las instituciones ordinarias introducen atrancos para
acceder a determinados datos sobre la Guerra Civil. Muchos documentos se
destruyeron, otros fueron eliminados y a otros no se permite el acceso”,
denuncia el también investigador de la Universidade de Vigo. También,
reivindica que se centralice el acceso a este tipo de documentos para que sean
asequibles tanto para los investigadores como para aquellos que buscan
encontrar los cuerpos de sus familiares.
“Tenemos mucho que aprender de otros países como Portugal
que tras el fin de sus dictaduras hicieron de dominio público todos los
archivos en relación al régimen”, reivindica Rodríguez Gallardo. Por tanto,
considera que en España la sociedad “tuvo y sigue teniendo serias dificultades
para reconstruir el franquismo”. “Solo despues de varios años, con la llegada
de la generación de los nietos de la guerra, se está iniciando el proceso para
recuperar la memoria de los represaliados por el franquismo”.
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