Amnistía
Internacional denuncia que miles de mujeres sufren cada noche la violencia
sexual en los campamentos donde se refugian desde el terremoto
MAYE
PRIMERA - Caracas - 07/01/2011
Guerline
tiene la certeza de que fueron cuatro hombres los que violaron a su hija de 13
años, a las dos de la madrugada de un martes de marzo de 2010. Aunque tenía los
ojos vendados y ellos llevaban capucha, lo sabe porque esa noche los
pandilleros la violaron a ella también. Ocurrió en el campamento de
damnificados de Place Mausolée en Puerto Príncipe, justo a lado de las ruinas
del antiguo Tribunal de Justicia. Ocurre cada noche, en los 1.199 campamentos
que albergan a más de un millón de personas afectadas por el terremoto en la
capital y en el sur de Haití, según reveló ayer un informe de Amnistía
Internacional (AI). "Los bandidos y los violadores no duermen", dice
Guerline.
La
violencia sexual ya era un problema antes del terremoto que asoló Haití el 12
de enero de 2010, señala el informe de AI, pero la tragedia "destrozó los
pocos mecanismos de protección que existían". Desde entonces, las
violaciones se han multiplicado exponencialmente. Solo en los primeros 150 días
siguientes al terremoto, la Comisión de Mujeres Víctimas por las Víctimas
(Kofaviv, en sus siglas en francés) registró más de 250 casos de violación; la
mayoría de ellos afectaban a niñas. Pero organizaciones como esta, que trabajan
sobre el terreno, saben que los casos de los que se tiene constancia son apenas
una mínima parte del número real.
Para
los agresores es tan fácil como rasgar las tiendas de campaña con una navaja, y
abusar de las mujeres allí o llevarlas a un lugar apartado del mismo
campamento. Ellos suelen ir en grupos y armados también con pistolas.
¿Quién
puede detenerlos? La Policía Nacional de Haití, y el personal militar y la
policía de Naciones Unidas (UNPOL) solo tienen presencia permanente en siete
campamentos de los cientos que existen en cada plaza de Puerto Príncipe. En el
resto de la capital haitiana, ni la policía ni los cascos azules que
patrullan día y noche por las calles suelen siquiera entrar en ellos.
La
mayoría de las mujeres no denuncia la agresión. Como Suzie, asaltada junto a
una amiga y frente a sus dos hijos entre las tiendas de la Plaza Dessalines de
los Campos de Marte, donde vive desde que el terremoto acabó con su casa, con
sus padres, con sus hermanos y con su esposo. "Cuando se fueron (los
violadores) no hice nada. No tuve ninguna reacción. Las víctimas de violación
deben ir al hospital, pero yo no fui porque no tenía dinero. No sé dónde hay
una clínica que ofrezca tratamiento médico para las víctimas de violencia
sexual", contó Suzie a los activistas de AI.
Entre
marzo y junio de 2010, miembros de AI entrevistaron a 50 mujeres y niñas como
Suzie, que viven en los campamentos improvisados de Puerto Príncipe, Jacmel y
Las Cahobas. Suzie no supo hasta ese día que en el Hospital General de Puerto
Príncipe, que está a quince minutos andando desde la plaza donde fue violada,
funciona un programa gubernamental que ofrece servicios médicos a víctimas como
ella.
La
impunidad que domina el aparato de justicia tampoco invita a las mujeres a
denunciar a sus agresores. Un informe elaborado en junio pasado por el Grupo de
Trabajo sobre Cuestiones de Protección, dirigido y coordinado por la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indicaba:
"En el momento de la investigación (junio 2010) no se había detenido a
ningún perpetrador (...) La capacidad de respuesta caso a caso es limitada, y
pone de manifiesto la ausencia de un mecanismo sistemático para combatir los
casos de violencia sexual y de género". Uno de los problemas no resueltos,
por ejemplo, es la reubicación de las víctimas para evitar que vuelvan a sufrir
estas agresiones. Como no hay sitio adonde llevarlas, ha ocurrido en algunos
casos que, después de atreverse a hacer la denuncia, vuelven a sus refugios y
de nuevo las alcanzan los mismos u otros violadores.
La
tasa de embarazos en Puerto Príncipe también ha aumentado de 4% a 12% en el último
año, según cifras de la Organización Mundial de la Salud. Muchos de ellos son
consecuencia de la violencia sexual. Hay un par de factores, sin embargo, que
distorsiona las cifras reales. En Haití, el embarazo adolescente no existe
porque las mujeres son mujeres a los 12 años, y si una niña de esa edad se
embaraza, la familia no suele investigar ni denunciar si detrás de su preñez
hay una violación. Por otra parte, apenas desde 2005 comenzó a ser delito la
violación intrafamiliar.
Si
bien Amnistía Internacional menciona en su informe que la Misión de
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) y las diversas
agencias de la ONU han ayudado al Gobierno de René Preval a enfrentar el
problema, señala también que "no se están tomando suficientes medidas para
garantizar la protección de las mujeres y las niñas en la inmensa mayoría de
los campamentos". Las agencias hacen sus aportes, pero insisten en que no
tienen capacidad de sustituir al Estado.
Durante 2010, el Fondo de Población de Naciones Unidas
(UNFPA, en sus siglas en inglés) instaló un total de 75 lámparas solares en las
letrinas y en los depósitos de agua de algunos campamentos para contribuir a la
seguridad. "Las ponemos en postes, bien altas, para que no las
roben", explicó a EL PAÍS un funcionario.
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